El otro de los camaristas mendocinos cuestionados, Otilio Romano, sigue en funciones dado que consiguió que un magistrado provincial trabe su enjuiciamiento mediante una cautelar. "Existe en Mendoza una crisis judicial tal que impide el juzgamiento de delitos de lesa humanidad cometidos en la región de Cuyo, lo que compromete seriamente la responsabilidad internacional del Estado", afirmó en su pronunciamiento la sala IV de la Cámara de Casación Penal.

La resolución fue unánime por la adhesión de los camaristas Mariano González Palazzo y Augusto Diez Ojeda al dictamen de Gustavo Hornos. Miret fue denunciado por haber consentido la detención arbitraria y la violación de una joven de 16 años en 1976, cuando se desempeñaba como juez de un tribunal de menores de provincia, juzgado en el que Otilio Romano era secretario. Por su parte, Sosa Arditi ya había renunciado a una subrrogancia para volver a su estado de juez jubilado.

El apartamiento de los camaristas Petra Fernández, López Cuitiño y Sosa Ardite de todas las causas de lesa humanidad en el distrito judicial de Cuyo se realizó en el marco de un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la decisión de Cámara de limitar la recusación sólo a las causas mendocinas. En la aceptación, Casación Penal sostuvo que existen "dudas razonables acerca de la imparcialidad de los tres miembros del tribunal que previno en todas las causas de lesa humanidad que lleguen a su conocimiento". Aludió a "la existencia de expedientes en trámite en los que se investiga la actuación de algunos de los integrantes de ese tribunal en el marco de causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y/o su intervención en la comisión de esa clase de delitos durante su desempeño judicial en aquel período". También consignó las "constantes y sucesivas intervenciones suscitadas por las diversas recusaciones y excusaciones de los miembros del tribunal que previno, sin que se cuente con un marco jurídico-teórico razonable que permita distinguir aquellas causas en las que se hace lugar al pedido inhibitorio y aquellas en las que no".

En un fallo paralelo, Casación incorporó dos nuevos miembros a la Cámara Federal Mendocina en reemplazo de los apartados. Según el sorteo de rigor, fueron designados para ocupar esas plazas Roberto Julio Naciff, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Mendoza, y Hugo Carlos Echegaray, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan. Naciff y Echegaray comenzaron a hacerse cargo, desde el 1 de noviembre último, de todas las cuestiones pendientes vinculadas con las causas seguidas por presuntos delitos de lesa humanidad de esa jurisdicción y de demás asuntos penales que ingresen a la Sala que ahora integran.