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La Convención sobre desapariciones forzadas entrará en vigencia este mes

El Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello, aseguró que a partir del próximo 23 de diciembre comenzará a regir la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la organización mundial hace poco menos de cuatro años. El acuerdo fue ratificado por una veintena de países, que deberán "acomodar su legislación penal" a lo que plantea la norma, explicó el embajador.

La Convención fue abierta para la firma en París, Francia, el día 6 de febrero de 2007 y para su entrada en vigor fue necesaria la ratificación de 20 países miembros de la ONU, de las que la primera fue la de la presidenta argentina, Cristina Kirchner.

La Convención, entiende por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.

Esto seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley, respecto a la que "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación".

El pasado 23 noviembre se recibió la vigésima ratificación por lo que, conforme lo establece la Convención, entrará en vigor 30 días después, el 23 de diciembre de 2010. A partir de su entrada en vigencia, comenzaran a funcionar los órganos previstos para la protección de las víctimas.

En 2007, el acuerdo recibió las dos primeras ratificaciones: Argentina y Albania. En 2008 fueron Honduras, México, Francia, Senegal y Bolivia; en 2009, Kazajastán, Cuba, Uruguay, Mali, Japón, Nigeria, Ecuador, España, Alemania, Burkina Faso y Chile. Finalmente, en 2010 lo hicieron Paraguay, Irak y Brasil.

Argüello informó que con la entrada en vigor de la Convención, los países miembros de la ONU deberán acomodar su legislación penal a lo prescripto por la misma, contemplando de modo efectivo la figura de este delito de lesa humanidad.

Por otro lado, el embajador argentino ante la ONU destacó que "sin las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no habría Convención sobre Desapariciones Forzadas", y recordó que "en el acto de la firma de la Convención en 2007, junto a Cristina estaba Marta Vásquez, de Madres-Línea Fundadora quien sostuvo que, aquel día, el mundo estaba iniciando un victoria basada en el dolor".

"Esta Convención viene a cubrir un gran vacío legal y está centrada en un drama de la historia moderna que sería ingenuo pensar que jamás se repetirá", concluyó Argüello.

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