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La solicitud fue hecha por el ministro del Interior demócrata cristano Edmundo Pérez Yoma y aceptada por Estados Unidos, aunque la diplomacia de norteamericana desestimó los temores en sus informes. El ex embajador estadounidense en Chile, Paul Simons, sostenía en los textos revelados por Wikileaks que las presunciones de un lazo entre los mapuches y las (FARC) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ó la organización separatista vasca ETA eran desestimados por sectores del gobierno y la fiscalía chilena.

Además explicó que todos los análisis hechos por su país indican que la comunidad mapuche es abrumadoramente no violenta y que "el problema ha sido magnificado por los medios". En ese sentido, el documento publicado por Wikileaks, reveló que "el (entonces) candidato presidencial de la oposición, Sebastián Piñera, ha declarado que la Araucaria arde en llamas", mientras que "los principales periódicos chilenos, que son generalmente conservadores, publican a menudo en primera página reportajes sobre el conflicto".

Simons concluyó que "hay mucho que reprochar a todas las partes en este conflicto". "Las comunidades mapuches están desorganizadas, son incoherentes y presentan demandas que van desde lo lógico a lo fantasioso (...) Por el otro lado, los sucesivos Gobiernos de la Concertación han desarrollado una política indígena chapucera", sostuvo.

Los activistas mapuches, acusados de diversos delitos en el marco de sus actos de protesta, reclaman autonomía y tierras para su pueblo, reconocido como nación independiente por España y Chile hasta el siglo XIX.

Los gobiernos de los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet optaron por pedir a la Justicia su procesamiento por la polémica ley antiterrorista, creada durante la dictadura de Augusto Pinochet.