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Marcela y Felipe Noble Herrera debían comparecer a las 9 en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos, según la orden de la magistrada que lleva adelante la causa por la posible apropiación de los hijos de la dueña del Grupo Clarín durante la dictadura militar.

Clarín adelantó ayer que los abogados de los jóvenes interpondrían un escrito ante la Cámara Federal de San Martín impugnando la medida solicitada por la magistrada.

"Es un escrito desesperado más para entorpecer y demorar la investigación", sostuvo esta mañana ante la prensa el abogado de una de las querellas, Pablo Llonto, en las puertas del Hospital Durand. "Desde diciembre de 2002 está ordenada esta medida de prueba que ocho años después todavía no puede cumplirse", aseguró Llonto al referirse a la medida ordenada por el destituido juez Norberto Marquevich.

Los abogados Llonto y Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, se retiraron con la notificación de la directora del BNDG, María Belén Cardozo, informando a la jueza Arroyo Salgado la no comparecencia de los jóvenes al BNDG.

Según informaron los letrados de la querella, mientras la Cámara Federal de San Martín no se expida, la magistrada estará en condiciones de ordenar el auxilio de la fuerza pública para obtener las muestras.