Los acusados de promover la toma del predio del Club Albariño, en Villa Lugano, no son inmigrantes descontrolados. Uno de ellos, detenido ayer, es un comerciante de villa 15 y otro, que hasta anoche estaba prófugo, es un puntero vinculado con la gestión PRO. A ellos se suma un tercero, cuya identidad no se dio a conocer pero era buscado por la policía. Los datos son el resultado de las tareas de inteligencia de la Policía Federal y la investigación del juez Daniel Rafecas, a partir de testimonios y denuncias de vecinos de Lugano. El detenido es Guillermo Ramón Ferreira, quien regentea una bailanta y otros negocios en Ciudad Oculta, cerca del predio ocupado. Uno de los prófugos es Regino Abel Acevedo, a quien los vecinos de la villa 3, de Villa Soldati, conocen de sobra: vivió allí hasta hace poco, dice que trabaja en la Corporación Buenos Aires Sur, del gobierno porteño, y lo acusan de promover la toma de un tercio de manzana, dedicada a espacio público, en esa villa.

La villa 3 o Barrio Fátima está apenas a tres cuadras del Parque Indoamericano. El miércoles 1o de diciembre un grupo de 30 personas ocupó el predio donde la Corporación del Sur debía construir un polideportivo, en una maniobra que, según vecinos, fue atribuida a Acevedo. “Una de las razones de la toma fue impedir las elecciones que debían realizarse en el barrio el domingo 12”, denuncia la abogada y militante barrial Natalia Belmont.

Acevedo era candidato de una lista que adhiere al macrismo y que, al parecer, estaba en desventaja respecto de otras que se presentaban al comicio. Había vivido en el barrio con su pareja, María Rosa Fernández, quien según los vecinos maneja los fondos de la Unidad de Gestión e Intervención Social (Ugis) para trabajos de mantenimiento en la villa, que por lo general son realizados por cooperativas integradas por personas allegadas a los punteros.

“Los miembros de esa lista han prometido a muchísimas familias del barrio distintos tipos de prebendas, incluida la adjudicación de viviendas sociales ubicadas en avenida Cruz y Lacarra, cuya adjudicación se encuentra a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur”, asegura Belmont. “A raíz de los conflictos suscitados en la zona –agrega–, las elecciones fueron suspendidas y pospuestas para el año que viene.”

Página/12 recorrió el barrio Fátima, donde vecinos que prefirieron no identificarse relataron que el predio fue tomado por “vecinos del barrio a quienes les dijeron que había dinero para subsidios; muchos de ellos tenían vivienda, mientras que otros ocuparon sólo para que no lo hicieran otros que podrían venir de afuera”. Agregaron que la ocupación “empezó el primero, antes de la toma del Indoamericano, alcanzó su pico el 9, pero el fin de semana, cuando empezó el censo de ocupantes en el parque de Soldati, se fueron todos para allá”.

Esa toma se produjo pese a que en el predio –de unos cien metros por cuarenta– hay un destacamento de la Comisaría 36ª de la Policía Federal, instalado allí desde hace más de un año por orden del juez Roberto Gallardo. Luego de consumada, la ocupación fue denunciada por los vecinos ante la funcionaria Cristina Amoriza, de la Corporación Buenos Aires Sur, que no hizo nada para proteger el lugar, En ese predio, la Corporación ya construyó una cancha de fútbol con piso de cemento y tiene pendiente la edificación de un polideportivo para el barrio. Los vecinos tampoco hicieron protestas: “Si los peleás les das el gusto. El año pasado ya habían tomado y se fueron con el primer temporal”.

Ayer, el presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, Humberto Schiavone, negó que Acevedo fuera empleado de ese organismo. “Puede ser integrante de alguna cooperativa”, dijo un vocero. Sin embargo, el titular de la Ugis, Federico Angelini, no respondió a los llamados de este diario. La Corporación y la Ugis heredaron tareas en la villas que hasta la gestión macrista realizaba el Instituto de la Vivienda.

Como informó ayer este diario, Acevedo trabajó en el Ente de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente porteño, hasta marzo de 2007, cuando fue cesanteado. Sin embargo, su ficha en la Anses registra aportes de su empleador, el Gobierno de la Ciudad, hasta marzo de 2008. Su domicilio fiscal es Bartolomé Mitre 648, donde funcionan dependencias del Ministerio de Hacienda porteño, entre otros. Los vecinos dicen que vive en Lugano.

En su denuncia, los vecinos del barrio Fátima vinculan a Acevedo con los hechos de violencia ocurridos en sábado último en ese barrio, cuando una patota de chicos atacó a los feriantes que se instalan todas las semanas en Lacarra y Ordóñez. “Fue por una diferencia entre Acevedo y las personas que les cobran a los puesteros para darles un servicio de seguridad y limpieza, por el reparto de ese dinero”, relató Belmont. “A algunos puesteros les avisaron y se fueron a tiempo, pero a otros, especialmente a los de nacionalidad boliviana, les robaron todo.” Todo eso ocurrió ante la presencia de un patrullero de la Policía Federal, relatan.

Los vecinos dieron a conocer esta denuncia a través de un correo electrónico que llegó a la vista del juez. Rafecas de inmediato solicitó a los denunciantes ampliar su declaración por escrito y hoy mismo la abogada Belmont presentará un escrito en el juzgado federal.

En ese texto, la denunciante sostiene que Acevedo “forma parte de una red clientelar constituida por Miguel Angel Rodríguez, alias el “Turco” o el “Comandante”, un peronista que fue funcionario de Carlos Grosso y desde 2007 colabora con el macrismo en las villas. “Esta red se financiaba a través de contactos de Rodríguez con la Ugis, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y cuya función es implementar programas de asistencia en las villas, como limpieza, saneamiento y alumbrado. En el predio del barrio Fátima quedan algunos ocupantes. “Estoy sola, con mi hijo. Mi mamá vive en el barrio pero yo soy de Caseros”, dice Mabel. “Nos censaron al principio, pero no nos dieron ninguna solución. Aunque sea necesito un trabajo.”