A mediados de diciembre, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una ley para otorgar al jefe de Estado poderes excepcionales para legislar sobre diversas materias por decreto debido a la urgencia generada por las intensas lluvias registradas en el país.

Dos semanas después, un 40 por ciento de diputados de oposición entró a formar parte de una nueva Asamblea Nacional y consideró que esta ley usurpaba buena parte de sus atribuciones.

A finales de diciembre, el jefe de Estado venezolano firmó el primer decreto-ley para crear el fondo para la reconstrucción. Según el TSJ, el decreto fue dictado con base en la ley que habilita al presidente y fue remitido después al Tribunal Supremo "con el propósito de obtener el pronunciamiento acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico".

Dicho carácter orgánico fue concedido puesto que "se adecúa a las características jurídicas que tienen las leyes orgánicas, en cuanto a su forma y contenido", concluyó el tribunal.