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A través de un escrito de más de cuarenta carillas, Delgado sostuvo que en el predio comprendido entre las calles Benjamín Matienzo, Capitán Rosales, Derqui José Rodó, el arroyo Morón y las vías del ferrocarril San Martín, operaba "el grupo de tareas denominado G 100 que materializaba la represión ilegal". Tras analizar el resultado de una paciente investigación de más de un año y medio, el fiscal solicitó "formalmente" al juez Rafecas que "declare judicialmente probado la existencia de los denominados 'vuelos de la muerte' en la Primera Brigada Aérea de El Palomar y que disponga las diligencias que considere necesarias para someter esta investigación parcial y sus conclusiones al escrutinio de la sociedad civil".

Delgado sostuvo que en esa base aérea "los ciudadanos de 18 años eran convocados al servicio militar obligatorio y eran cuidadosamente separados de la sangrienta represión que se estaba llevando a cabo. En ese sitio despegaban aviones en vuelos regulares y de los 'otros'. Algunos aviones partían hacia la Antártida. Otros llevaban por el país a planteles de fútbol que competían en el Mundial de 1978".

"Así como había personas privadas ilegalmente de la libertad, otras disfrutaban de las piletas, de las canchas de tenis e incluso de un frontón en el que otras personas esperaban ser trasladadas en un avión con el preciso significado que esa palabra tenía en el plan criminal probado: la muerte", explicó el representante del ministerio público.

En esa base aérea "convivió" un aspecto "legal del Estado con una fase criminal. Allí donde algunos conscriptos cumplían con el servicio militar, también habitaba el temido grupo de tareas G 100 que regenteaba la Mansión Seré". Donde esos mismos jóvenes pasaban sus días, había personas que ingresaban a lo que se denominó la "casita de la muerte", y otros eran torturados.

Precisamente los testimonios de más de seis centenares de ex "conscriptos" que realizaron el servicio militar en esa base durante la última dictadura fueron el andamiaje en el que se basó la investigación, ya que ellos advertían sobre la existencia de "vuelos" aunque ninguno pudo dar precisiones sobre tripulantes de esos aviones o víctimas que hubieran sido arrojadas a las aguas.

Los testimonios son "menciones que carecen de la entidad necesaria como para construir una imputación, siquiera con el escaso grado de sospecha" que exigen las normas legales, "al menos por ahora y carecen de esa mínima certeza porque se trata de nombres derivados de la memoria de los testigos que, a su vez, remiten a versiones que se oían en la época de los hechos y que, para colmo de males, no tienen ningún tipo de referencia espacio temporal y tampoco de alguna víctima", añadió Delgado.