Viernes, 4 de febrero de 2011 | Hoy
21:46 › AQUELLA VIEJA COSTUMBRE DE PEGAR
El fiscal de Delitos Complejos de Mendoza, Santiago Garay, imputó a cinco empleados del Servicio Penitenciario provincial por torturar a presos del penal San Felipe, que fueron filmados con un celular, y dispuso que continúen detenidos.
Voceros de la fiscalía informaron hoy que algunos de los guardiacárceles fueron imputados por torturas, otros por vejaciones y otros omisión de denuncia, aunque los cinco permanecerán detenidos para no entorpecer la investigación. Se trata de los penitenciarios Daniel Perón, Luis D`Ambrosio, Germán Núñez, José Arredondo, y Johnatan Navarro, según informaron las fuentes.
Los maltratos y torturas fueron denunciados por la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos `Xumek´, luego de que el abogado mendocino Diego Lavado recibiera un celular con los videos de la aplicación de tormentos.
En caso de ser condenados por torturas, los penitenciarios podrían ser penados con entre 8 y 25 años de prisión, en tanto que los imputados por vejaciones u omisión de denuncia, podrían obtener la libertad a corto plazo por tratarse de delitos excarcelables.
Los videos difundidos por numerosos medios de comunicación, muestran a un interno esposado y atado a una reja al cual tres carceleros golpean en las costillas. También se burlan de él al grito de "Salta Violeta, salta" y le dicen "sos el bocón", aparentemente porque habría denunciado maltratos de los guardiacárceles. En otra de las imágenes se observa a otros dos hombres del servicio penitenciario cuando golpean a un joven, lo tiran al piso y luego cierran la puerta para que no se siga viendo la imagen, al parecer tomada por otro compañero a través de un celular.
En cuanto a los presos torturados, solo se reconoció hasta ahora que uno de ellos tiene 19 años y hoy prestó declaración ante el Tribunal Federal, ya que se encuentra en prisión por un delito relacionado a la tenencia de drogas.
Mientras continua la investigación judicial, autoridades del Poder Ejecutivo y de la Inspección General de Seguridad intentan determinar más responsabilidades por negligencia y conocer otras posibles denuncias por maltratos. Asimismo, se avanza en la identificación de un sexto guardiacárcel que también podría estar involucrado.
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