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El texto, según el diario O'Globo, fue elevado a Jobim en diciembre, semanas antes de la toma de posesión de Dilma Rousseff, sostiene que investigar los crímenes practicados contra opositores de la dictadura "no contribuye a la paz nacional", y "ya no tiene sentido".

"Han pasado casi 30 años del fin del gobierno llamado militar y muchas personas que vivieron aquel período ya fallecieron; testigos, documentos y pruebas prácticamente se perdieron en el tiempo, es improbable que se pueda realmente llegar a la verdad de los hechos", dice la carta.

Según "O Globo", los militares pretenden proponer cambios en el texto del proyecto de creación de la Comisión de la Verdad que se tramita en el Congreso. Entre otras cosas, las Fuerzas Armadas desean que las investigaciones también estén dirigidas a "actos de terrorismo" y a los asesinatos de militantes considerados como "traidores" por las organizaciones de izquierda.

Los militares resaltaron que en Brasil el régimen militar "no fue derribado por las fuerzas políticas", sino que realizó "un proceso gradual de transición y devolución del poder a los civiles, promoviendo una verdadera reconciliación nacional" en el país.

Además, sostienen que, gracias a esta transición, Brasil logró superar los traumas de la dictadura, a diferencia de otros países "que hasta hoy viven consecuencias negativas de períodos históricos similares", una referencia que ha sido interpretada como una alusión a Argentina, Chile y Uruguay, donde se han investigado los crímenes practicados durante el período dictatorial.

La carta reconoce que las familias de los desaparecidos políticos durante los "años de plomo" tienen el derecho "legítimo" e "incuestionable" de conocer su paradero, pero advierte que "no tiene cabida aprovechar una causa noble para promover represalias políticas y mantener viva una cuestión superada".

La creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la dictadura está entre los proyectos prioritarios de la ministra jefa de la Secretaría de Derechos Humanos de Brasil, María do Rosario Nunes, quien sostuvo que "es más que hora" de que se revele todo sobre las violaciones practicadas en esa época.

En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado brasileño por no informar sobre el paradero de 62 militantes izquierdistas desaparecidos durante la represión del movimiento armado contra la dictadura que estalló en la década del 70 en la región amazónica de Araguaia.

En un reportaje reciente, el diario brasileño "Folha de Sao Paulo" reveló que Dilma Rousseff pretende negociar con los militares un acuerdo para revelar la verdad sobre las muertes de unos 400 opositores políticos y la desaparición de más de un centenar de otros durante la dictadura, como forma de "dar una respuesta oficial del Estado brasileño a los familiares de los muertos y desaparecidos".