La resolución de Lijo también alcanza a los ex fiscales Eamon Müllen y José Carlos Barbaccia; al ex funcionario de la SIDE, Patricio Finnen; al abogado Víctor Stinfale, y a Carlos Alberto Telleldín y a Ana María Boragni. El magistrado imputó a Galeano "haber prestado una colaboración indispensable" para obtener los cuatrocientos mil dólares de los fondos reservados del Estado, cuya administración le correspondía al titular de la Secretaría de Inteligencia, y de "encabezar las tratativas con éste último que derivaron en el acuerdo celebrado con Carlos Alberto Telleldin para brinde una mentirosa versión que involucraba a Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro como parte de los responsables del atentado".

En otro tramo de su resolución, Lijo le imputó al ex juez haber planificado y supervisado desde el juzgado a su cargo las tareas tendientes a hacer efectivo el pago ilegal, y haber dictado las resoluciones por las que dispuso la orden de detención contra los acusados por Telleldin, "sobre hechos y pruebas que conocía como falsos al momento de desarrollar sus fundamentos". En cuanto a Müllen y Barbaccia, el magistrado los consideró responsables de haber participado de la maniobra concretada con los fondos de la SIDE.