“DS” no son las iniciales de un nombre. Es una sigla: “Delincuente Subversivo”. Era el sello que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) usaba para identificar a los “enemigos”, incluso a los niños secuestrados con sus padres o nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Así los rotulaba en las “fichas” donde se dejaba constancia de sus datos personales, pero que conducían a otra parte, a su legajo, donde había más información todavía sobre sus características o actividades. “Extremista”, decía, por ejemplo, en el caso de Clara Anahí Mariani, cuando era una beba de cinco meses, a quien su abuela María Isabel Chorobik de Mariani –fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo– todavía busca.

El material fue exhibido ayer en pantalla gigante durante el juicio sobre el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos por Claudia Bellingeri, la perito del archivo del viejo organismo de inteligencia policial que ahora gestiona la Comisión Provincial por la Memoria, y que está plagado de evidencias sobre la persecución planificada y organizada a las embarazadas, a sus hijos, a las abuelas que los buscaban y a jueces que intentaban restituirles su identidad. Los documentos exhibidos forman parte de un informe entregado al Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) y revelan seguimientos en dictadura y en democracia, e incluso la entrega de expedientes íntegros por parte de los Tribunales de Menores (donde las Abuelas llevaban sus denuncias) a la policía de Ramón Camps.

Bellingeri, designada por la Cámara Federal de La Plata, mostró imágenes del archivo de la Dippba y le explicó al TOF6 –que preside la jueza María Roqueta– que fueron peritados 363 documentos. Se calcula, estimó, que hay más de 300 mil fichas personales de toda la provincia de Buenos Aires elaboradas por esa central de espionaje que “tenía por función perseguir e investigar a los ciudadanos considerados peligrosos”. Funcionó, precisó, desde 1956 y fue desactivada en 1998.

Buscadoras buscadas

Aquellas mujeres que desde los inicios conformaron Abuelas de Plaza de Mayo tenían fichas y legajos con los que la Dippba seguía sus actividades en torno de la búsqueda de sus nietos, las controlaba y a la vez relevaba la información que ellas recopilaban acerca de la posible suerte de los niños y sobre sus captores. Hay fichas por lo menos de dieciséis abuelas, entre ellas de la actual titular de la entidad, Estela Carlotto, de Chicha Mariani y de Alicia Zubasnabar de De la Cuadra. Algunas se pudieron ver en el juicio. Fueron elaboradas, explica el informe escrito de la comisión, entre los años setenta y el comienzo de los ochenta. A las abuelas también las clasificaban como “DS”.

Hay reportes de inteligencia que describen sus actividades. Especifican que “medios propios” –o sea, “infiltrados” de la Dippba– “han logrado establecer que la Agrupación denominada Abuelas de Plaza de Mayo realizaron una acción panfletaria en la zona céntrica de Quilmes”. Añaden el horario, recorrido, participantes. Otros partes reproducen sus afiches: “Mi abuela me está buscando, ayúdela a encontrarme”; “Día Universal de los Derechos Humanos”. Así, hay un seguimiento de todos los carteles callejeros, con los cuales la inteligencia policial armaba listados de los niños secuestrados, y de este modo se centraliza la información tanto sobre ellos como sobre los familiares que los buscaban.

“Medios propios obtuvieron ejemplar de folleto” que “describe a algunos de los niños desaparecidos con sus fotos (...) en la fecha personal de esta delegación actuando en cobertura en la Facultad de Bellas Artes, obtuvo el original de una carta que las Abuelas de Plaza de Mayo enviaron a los alumnos de la UNLP por el ayuno para la libertad de los presos políticos”, dice otro memorando. En él también se agrega un listado de 103 jóvenes embarazadas cuyos bebés nacieron en cautiverio, con su fecha de secuestro, armado por un informante en base a datos que circulaban públicamente y que él mismo señala como “parciales”, explicó la perito Bellingeri. “Medios propios han logrado obtener mediante infiltración” una “fotocopia de comunicado cuyo título es Situación 1º Localización de niños Post Morten” (sic), dice otro reporte de la Dippba. Del mismo modo, los agentes seguían de cerca todo lo que se publicaba o decía en los medios sobre el tema. Se hallaron 250 casetes de video VHS con filmaciones propias del organismo y programas televisivos, además de 160 casetes de audio.

Entre los legajos individuales que consigna el acecho a las Abuelas, quizás uno de los más elocuentes es el de Chicha Mariani. “Regreso al país de la Sra. Mariani”, dice, y está basado en información del 17 de marzo de 1982, cuando ella volvía efectivamente después de haber participado en el Congreso de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Al lado del texto de la Dippba tipeado a máquina, aparece una nota manuscrita que dice que se “sugiere” la intervención de su delegación en Capital Federal y que se pase la información al coronel Enrique Rospide (ya fallecido) para que “colabore”. Según explicó la experta Bellingeri, del análisis de los documentos se desprende que Rospide, que era uno de los asesores de confianza de Camps, centralizaba “el seguimiento de casos de niños apropiados, organismos de derechos humanos internacionales, Madres, Abuelas y Familiares”. Eran una suerte de vector de la llamada “información sensible” que a menudo le derivaba el comisario Pedro Domingo Costilla, uno de los agentes de planta de la Dippba, que intervenía en forma directa en el control, especialmente, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“Factor extremismo”

“Clara Anahí Mariani, con sólo cinco meses de vida, posee un legajo en el que se la cataloga como ‘extremista’”, o ‘factor extremismo’”, destaca el informe de la Comisión por la Memoria, que también hace notar que como sus “antecedentes” se adjunta el reporte de seguimientos a su padre, Daniel Enrique Mariani, asesinado en 1977. “La ubicación de los legajos con los nombres de los niños que fueron secuestrados en una mesa que la Dippba llamaba ‘DS’”, como figuraba en las fichas, “convalida la idea que Camps tenía respecto de ellos: eran ‘hijos de los subversivos’ y por lo tanto víctimas de la violencia estatal”, dice el análisis de la documentación. Uno de los legajos, referido al seguimiento de la mamá de Clara Anahí, antes de su asesinato en una verdadera masacre el 24 de noviembre de 1976 (cuando la beba tenía tres meses), muestra que había un pedido del Batallón 601 a la Dirección de Inteligencia para que se identificara a la ginecóloga y la dentista que la habían atendido durante el embarazo.

Otro legajo, que mostró la perito en la audiencia ante el TOF6, revela el seguimiento a María José Lavalle Lemos, quien había sido entregada a Teresa Isabel González, una suboficial de la brigada de San Justo y su esposo, Nelson Rubén, en el momento mismo en que el juez Juan Ramos Padilla viaja a Mar del Plata, cuando buscaba restituirle su identidad, algo que se logró. La chiquita era hija de Mónica María Lemos y Gustavo Antonio Lavalle, secuestrados en 1977 en José C. Paz, y nació en cautiverio. Los informes de inteligencia de carácter confidencial muestran preocupación de la policía por la detención de González así: “Se sabe que la criatura se la entregaron en la brigada de San Justo y el que el certificado lo firmó Vidal”, “es evidente (...) que la Policía de la Provincia volverá a estar en los diarios” y “es probable que Ramos Padilla intente hacer otra cosa en la zona. Adoptamos las previsiones del caso y esperamos confiadamente”.

Justicia cómplice

Los expedientes judiciales que se abrían con los hábeas corpus o denuncias “de personas que buscaban saber sobre el paradero de sus nietos se transforman en un material de inteligencia para la persecución de los familiares de las víctimas que reclaman y para el análisis al interior” de la Dirección de Inteligencia de “la información que las abuelas tenían respecto del secuestro de niños y mujeres embarazadas”, advierte el informe de la CPPM. Esto, dice, se producía a través de dos mecanismos. En uno de ellos, el aparato de inteligencia policial trata los “hábeas corpus” como búsquedas de paradero que “concluyen de manera negativa, es decir, sin informar el destino de la víctima aun cuando se trate de menores de edad o de mujeres embarazadas”. Peor aún: Se “crean acontecimientos fraguados” como “falsos enfrentamientos” en los que se identifica a las víctimas pero jamás se usa esa la información para responder un hábeas corpus y no aparece ningún pedido posterior de las autoridades judiciales. Pero los investigadores de la comisión han advertido también que había un seguimiento directo a las acciones judiciales específicas de las Abuelas de Plaza de Mayo, al punto de que ciertos tribunales de menores le giraban a la Dippba los expedientes completos basados en sus presentaciones. Quien era juez de Menores de Junín, Juan José Rogger –por caso–, manda una copia del expediente impulsado por Abuelas, una de ellas María Paulina Ferrarese de Urra, cuyo nieto habría nacido en cautiverio. Lo mismo hace el juez de San Martín, Eduardo Basso, y la lista sigue.

La declaración de Bellingeri no terminó y seguirá otro día seguramente con la explicación de cómo se construían los legajos de todas las víctimas, entre los cuales se encuentra, como muchos otros, el de Laura, la hija asesinada de Estela Carlotto, que estuvo detenida en La Cacha y dio a luz un niño, uno de los 400 que aún no pudieron recuperar su identidad. Todos estos documentos serán muy importantes para el Tribunal Oral a la hora de evaluar las pruebas que muestren un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos.