La decisión fue adoptada en Montevideo por un plenario nacional del Frente Amplio (FA), el máximo órgano de conducción partidario, una coalición que nuclea a socialistas, comunistas, ex guerrilleros "tupamaros" y sectores de centroizquierda, entre otros.

La ley de la "Caducidad de la pretensión punitiva del Estado" evitó el enjuiciamiento de represores que participaron en crímenes contra opositores a la dictadura. Dos consultas populares, una en 1989 y otra en 2009, ratificaron la vigencia de esta norma -conocida popularmente como "ley de impunidad"-, aunque por escaso margen.

Algunos sectores del FA son proclives a anular esa ley, de modo de que sean juzgados los violadores de los derechos humanos, pero otros, incluido el presidente uruguayo, José Mujica, consideran que debe respetarse el pronunciamiento popular en las dos consultas.

Esas diferencias amenazaban con crear una crisis en la coalición que llevó a al poder a Mujica, en un mandato que debe concluir dentro de cuatro años.