La nueva resolución hace hincapié en el reclamo de los abogados querellantes, Lucila Puyol y Guillermo Munne, y significa que los dos detenidos, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, no serán juzgados en el Tribunal Oral Federal por el momento, hasta que el magistrado determine si se trató de un asesinato por encargo o si quisieron robarla y la mataron, tal como ellos aseguran.

El TOF anuló el desdoblamiento de la causa y le pidió al juez federal Reinaldo Rodríguez que termine la investigación ya que "debe estar completa, porque de lo contrario se vulneraría la garantía del debido proceso legal, consagrado en la Constitución Nacional", según indica la resolución, coincidiendo con los abogados de la familia Suppo, quer habían solicitado la "nulidad" de la elevación a juicio de la causa.

El homicidio de Suppo ocurrió el 29 de marzo de 2010 y se encuentran detenidos dos "trapitos", que dicen haberle robado 200 pesos en efectivo y la asesinarla de nueve puñaladas. Los detenidos confesaron la autoría del homicidio, pero el año pasado, un testigo de identidad reservada dijo que el asesinato de Suppo era un homicidio por encargo para "evitar que declare contra policías y/o militares en causas en la que se investigan violaciones a los derechos humanos, en las que ella era testigo y víctima".

El 29 de marzo último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia federal y ordenó remitir la causa al juez federal Reinaldo Rodríguez por que "no puede descartarse que la muerte de Suppo obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales que investigan delitos de lesa humanidad".