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El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, ratificó el respaldo a la movilización, convocada el 1 de mayo en reclamo de la derogación de la Constitución vigente, impuesta por el régimen militar de Augusto Pinochet, una reforma tributaria que encare la desigualdad y el establecimiento del plebiscito como método para resolver los grandes problemas del país, y adelantó que "expresará demandas de todos los sectores sociales para que se respeten los derechos sociales y ciudadanos y se reitere la necesidad de tener en Chile un nuevo modelo económico, una nueva Constitución y un nuevo Código del Trabajo".

Las federaciones estudiantiles y el gremio de docentes, cuya movilización mantiene en jaque desde hace tres meses al gobierno de Sebastián Piñera, sumarán a la convocatoria su exigencia de una educación pública y gratuita, con el respaldo del Estado. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, sostuvo que la protesta "es de toda la ciudadanía, de amplios sectores, que abogan por cambios de fondo y por una nueva institucionalidad".

El paro comenzará mañana por la noche con un "cacerolazo por la igualdad social", mientras que el miércoles se paralizarán todas las actividades laborales, incluidos el transporte público y el comercio, y se realizarán asambleas y talleres de debate en las comunas y centros de trabajo. El jueves el paro continuará con concentraciones en las principales avenidas, parques y plazas públicas de todas las ciudades del país.

"Este es un Gobierno empresarial, absolutamente refractario a los intereses de los trabajadores. No ha habido ninguna iniciativa en beneficio de los trabajadores en este último tiempo", subrayó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, integrante de la Concertación. El dirigente defendió el respaldo a la medida del PS y sus aliados, los partidos por la Democracia y Radical Social Demócrata, algo que, seguró, "no constituye ninguna novedad".

También la Democracia Cristiana parece encaminada a apoyar el paro, según el senador Jorge Pizarro, quien vaticinó un respaldo "categórico" a las movilizaciones. Las declaraciones de Andrade y Pizarro parecen réplicas directas a las críticas de La Moneda a la Concertación, coalición que gobernó desde la caída del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990) hasta marzo de 2010.

El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sin embargo cuestionó a la Concertación por "hacerse pasar por indignados, cuando muchos de ellos han sido causa del malestar ciudadano". En la misma línea, el presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, impugnó la convocatoria de la multisindical chilena y la adhesión de los líderes de la oposición, cuestionamiento que repitió la también oficialista Renovación Nacional.

El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, sostuvo que al respaldar "un paro ilegal, la Concertación se pone al borde de la institucionalidad y le hace un daño al país" y consideró que el apoyo de la coalición de centroziquierda a la medida "no es más que oportunismo político que busca desestabilizar el Gobierno". Para Pérez, "la deuda que existe con la educación chilena se acrecentó en los 20 años de gobiernos de centroizquierda, y ellos ahora rasgan vestiduras, y eso la sociedad chilena no lo va a aceptar".

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó que habrá descuentos para los trabajadores que se sumen a la huelga y tildó de "intransigentes" a algunos líderes de organizaciones sociales.