La decisión fue adoptada en el marco de una acción de amparo iniciada por un beneficiario del Programa de Rehabilitación del Hábitat del barrio de La Boca (PRHBLB) y Alicia Beatriz Pierini, en su carácter de Defensora del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC), por entender que se encuentran afectados de manera actual e inminente los derechos constitucionales a la vivienda, a la salud y a la vida de aquel particular y del conjunto de personas que resultan beneficiarias del PRHBLB que ejecuta el IVC.

En tanto, y como medida cautelar, peticionan que se ordene al IVC a “reacondicionar adecuadamente y con carácter de urgente los inmuebles de su propiedad -conventillos y hogares de tránsito- a fin de tornarlos seguros y habitables o, en su defecto, y para aquellos casos en que dicho reacondicionamiento resulte materialmente imposible, se orden al IVC que proceda a relocalizar transitoriamente a las familias que ocupen esos inmuebles garantizándoles adecuadas condiciones de habitabilidad.”