Con su decisión, la jueza Alicia Iermini desoyó un pedido del fiscal Andrés Madrea para que se avanzara sobre la hipótesis del "cohecho" que presuntamente pudieron haber pagado los empresarios a funcionarios del gobierno porteño para permitir el funcionamiento de Beara en condiciones irregulares. La magistrada respondió con un "no ha lugar" tanto ese planteo como la indagatoria de los responsables del área de habilitaciones del Ejecutivo de la ciudad.

El procesamiento recayó sobre los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Catán Coria, e Iván y Ronaldo Flies, así como en Maximiliano Fratino, el relacionista público que organizó la fiesta privada en la que se produjo el derrumbe.

El fiscal Madrea había pedido también la indagatoria de Norberto Casano, jefe del Departamento de Esparcimiento; de Pablo Seicuscas, director de Habilitaciones Especiales; de Carlos Mustapich, quien habría dado la habilitación del local, de Gustavo Amaru, maestro mayor de obras, y el ex director de Habilitaciones y Permisos Martín Farrel.