"El modelo de aprendizaje continúa y aún no se alcanzan a ver los límites", afirmó Aldo Panfichi, en referencia a que aún es pronto para determinar hacia dónde marchará Humala en los próximos meses, cuando tenga que llevar a la práctica las promesas de cambio social que formuló en la campaña. Por lo pronto, los analistas coinciden en que el gobierno transurre por la carretera de moderación que prometió Humala en la segunda parte de la campaña electoral, y que ya no se repiten sus declaraciones radicales de la primera vuelta electoral, las mismas que habían caracterizado su campaña de 2006.

Para el parlamentario centrista Johnny Lescano, esa moderación y ese respeto al modelo económico preexistente pueden provocar que Humala tenga dificultades para hacer los cambios sociales, opinión que también comienza a aparecer ya en el ala más izquierdista de la alianza gobernante Gana Perú.

Pero para sectores más radicales, como la Confederación General de Trabajadores del Perú, la mayor central obrera del país, el gobierno comenzará pronto a perfilar las políticas de cambio, para lo cual, según el vicepresidente de la organización sindical, Olmedo Auris, se requerirá que las fuerzas sociales apoyen al mandatario.

Humala, un teniente coronel del Ejército en retiro de 49 años, gobierna en medio de una persistente presión mediática y política de parte de sectores de derechas que parecen decididos a no dejarlo partir hacia un camino de cambios que, según ellos, pueda derivar en el populismo y la inestabilidad económíca. El presidente, que ha hecho de la inclusión social su tema bandera y que ya creó un ministerio dedicado a tal fin, parece confiar en que ese propósito no es incompatible con el mantenimiento de la estabilidad económica. Su lucha, lo ha aclarado varias veces, no es contra el crecimiento económico, sino en contra de que los beneficios de ese crecimiento se queden en unas pocas manos.

A pesar de los escándalos por el pasado de algunos legisladores oficialistas; por la designación como "zar" antidrogas de Ricardo Soberón, defensor de los productores de coca; por la "insensibilidad" de la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, después de que tres niños murieran por consumir alimentos distribuidos por el Estado, y por la presencia de cuestionados asesores, como el coronel en retiro Adrián Villafuerte, quien más daño parece haberle hecho hasta ahora al gobierno es el segundo vicepresidente, Omar Chehade.

Chehade, quien fuera abogado personal de Humala en procesos de derechos humanos, es acusado de haber reunido a altos mandos de la Policía para pedirles un desalojo ilegal de los trabajadores que por mandato judicial administran la azucarera Andahuasi, reclamada ante los tribunales por el poderoso conglomerado Grupo Wong. El presidente ha marcado distancias frente a Chehade y ha expresado apoyo a que se le investigue. Aún así, el caso genera impacto en quien tuvo en su imagen de honestidad una de las razones de su triunfo.

A diferencia de su antecesor, Alan García, y su dones de ubicuidad y verbo desbordado, a Humala se le ve y se le escucha poco, pero cuando se muestra es resolviendo aspectos puntuales, algo que parece haber calado bien en las población. Sostener el impresionante desarrollo económico de los últimos años en el Perú, pero con medidas que acorten la brecha social, es el reto en los 1727 días que le quedan de gobierno a Humala, quien sigue llevando un estilo austero y aún vive en su relativamente modesta casa de clase media, como para no dejarse influir por las pompas del poder representadas en el Palacio.