Durante una conferencia de prensa en la que pidió a España "abrogar su ley de amnistía", el portavoz del organismo, Rupert Colville, consideró que los jueces no deberían ser sujetos a persecuciones penales por haber hecho su trabajo". A Garzón se le atribuye haber infringido esa norma cuando abrió una investigación en 2008 sobre las desapariciones, que él intentó en encuadrar en delitos de lesa humanidad, es decir tratarlos como imprescriptibles.

En coincidencia con esta lectura, el vocero afirmó que "España tiene la obligación según la legislación internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el pasado, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco", e indicó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de evaluar la correcta aplicación del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos firmado por España, concluyó en 2009 que Madrid debía "abrogar su ley de amnistía" porque no era conforme a la legislación internacional.

La justicia española debe "perseguir y castigar a los responsables" de estos crímenes "si siguen vivos" y hacer que se respete "el derecho de las víctimas y de sus familias a pedir reparación", definió el organismo.