AI reclamó que se declare "emergencia nacional en materia de derechos humanos, de la cual no deben aprovecharse sectores que estarían gestando una conmoción en serie para objetivos políticos perversos".

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, desplazó a los responsables del penal de la tragedia y anticipó que la investigación estará a cargo de "figuras de mucha autoridad moral, con el acompañamiento y la observación internacional, en el marco de lo que demandan las leyes nacionales, que garanticen la certeza y confiabilidad de sus conclusiones".

Por su parte, el centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) también manifestó que lo ocurrido es "producto de la negligencia histórica del Estado, el abandono en que permanecen los privados de libertad de los diferentes centros penales del país y una muestra del desprecio por la vida en una sociedad inmersa en un clima de violencia". Además, condenó la "falta de voluntad política para establecer un sistema de rehabilitación en las cárceles del país, convertidas en universidades del crimen".