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"Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. (...) Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria", señaló el documento, suscrito por el Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

"Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia", agregaron los dirigentes del grupo guerrillero, el más importante y antiguo del país, con más de 47 años de existencia y unos 9 mil combatientes.

En el comunicado, las FARC aceptaron también que el gobierno brasileño facilite la logística para la liberación de los diez rehenes, como ya lo hizo en ocasiones anteriores. A finales de diciembre pasado, el grupo guerrillero anunció su intención de dejar en libertad a seis uniformados de un grupo de al menos 10 que mantenían en su poder desde hacía más de 12 años.

Sin embargo, esa entrega se había dilatado inicialmente porque según las FARC, el área donde los uniformados iban a ser liberados estaba militarizada. Además, señalaron que estaban a la espera de que el gobierno aceptara la participación de un país que suministrara la logística necesaria.

Hace dos semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que Brasil había sido autorizado para colaborar con la liberación de los miembros de la fuerza pública, cinco policías y un militar. Y el pasado 16 de febrero el gobierno brasileño anunció su aceptación para colaborar con la gestión.