El decreto, firmado por Buzzi el 2 de marzo, le concedía a la empresa siete días de plazo para que "presente un plan de trabajo convincente" y sostenía que "de no darse cumplimiento se está ante el paso previo para dar por terminadas las concesiones".

Sin embargo, el fiscal de Estado explicó que "sólo estamos hablando de dos áreas: El Trébol-Escalante y Campamento Central Bella Vista Este -Cañadón Pedido"."El Estado, como dueño de los yacimientos que están concesionados, le exige a la empresa que explique por qué no se invirtió en exploración y explotación en las áreas mencionadas siendo que es una obligación", señaló Meza Evans.

En el decreto firmado por el gobernador provincial se deja constancia que "la empresa no habría cumplido con obligaciones a su cargo en los términos de la Ley 17.319, en especial, a lo relativo a sostenimiento de la producción, evolución del horizonte de reservas e inversiones".

Blas Meza Evans indicó, además, que "ésta es una política a nivel nacional que parte de exigir a las operadoras que cumplan sus compromisos de cara al autoabastecimiento, y no a financiar la crisis española como ocurrió en este caso".