Según consta en la denuncia, radicada en el año 2000 por el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini, los 60 millones de dólares fueron canjeados en su totalidad por bonos CeCaCor (certificados de cancelación de deudas) y nunca se rindieron. Al asumir el intendente Carlos "Camau" Espínola, la Municipalidad de Corrientes se constituyó como querellante y apeló el sobreseimiento.

La disposición, que ya está publicada en el sitio web del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, consideró en sus fundamentos que "no operó la prescripción de la acción penal de los delitos por los que se encuentra imputado, debido que se encuentra activa la causal de suspensión de la prescripción de la acción".

En tanto, menciona que los ministros dispusieron además el reenvío de la causa al Tribunal de origen, el Juzgado de Instrucción 5, para que continúe su tramitación, encomendado a su titular "que adopte los recaudos necesarios tendientes a resolver la situación procesal de los imputados en un plazo razonable".