La sesión convocada en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 36 años del golpe militar de 1976, fue la primera en que el pleno del Parlamento se pronunció, a través de un documento consensuado por todas las fuerzas políticas, sobre la necesidad de que "todas las causas deben completarse en plazos razonables y dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso".

El plenario, que arrancó a las 10.35 en el recinto de la cámara baja, mostró varias ausencias de representantes de la oposición y una presencia mayoritaria de legisladores oficialistas. Apenas se abrió la sesión, que duró 45 minutos, el secretario parlamentario del Senado, Juan Estrada leyó el documento, en el que se remarcó que correspondía "manifestar un reconocimiento" a la labor de los tribunales comprometidos en forma "indeclinable" con las causas que investigaron delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura "cívico-militar".

"No puede omitirse tampoco el papel fundamental que han desempeñado en esta búsqueda de verdad y justicia los familiares de diferentes organizaciones de derechos humanos, como las heroicas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", destacó también el texto, que resaltó además el desempeño de la "renovada" Corte Suprema que anuló y declaró inconstitucionales los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y, de esa forma, contribuyó a "consolidar este camino y testimonian la vigencia de los ideales de Memoria, Verdad y Justicia".

En marco del reconocimiento, una terna de diputados y senadores entregaron una bandeja de plata y una medalla a los exmagistrados de la Cámara Federal que juzgaron a los militares que encabezaron el golpe contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón y que luego se sucedieron al frente del gobierno de facto. En ese acto de reconocimiento fueron mencionados el ex camarista de Casación Penal, Pedro David; y los tribunales orales federales de Capital Federal, Rosario, Santa Rosa, Corrientes, Neuquén, San Martín, General Roca y de La Plata que dictaron sentencias en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.

El debate se realizó en forma simultánea con varias Legislaturas del país, estuvo presidida por el vicepresidente, Amado Boudou, junto al el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y la presidenta provisional del Senado, Beatriz Rojkes de Alperovich.