El fin de semana el Partido Popular (PP) de Rajoy tuvo un aviso del malestar por el deterioro social y económico del país, al imponerse en las lecciones regionales de la sureña Andalucía sin alcanzar la mayoría absoluta, tras una elección histórica en las generales realizadas tres meses atrás.

A pesar del deterioro del clima interno, Bruselas exige a España un ajuste más profundo para rebajar el déficit público y vigila de cerca la aplicación de la reforma laboral. La UE considera clave al ajuste para combatir el elevado desempleo, que afecta a 5,3 millones de españoles, el 23 por ciento de la población activa, y supone la tasa más alta y el doble de la media de la UE.

En este contexto, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, aseguró que la huelga general "no hará retroceder al gobierno" porque "lo que está en juego es salir de la crisis económica", que puso a España en una "situación límite". El propio Rajoy, quien defendió en varias ocasiones que la reforma es "necesaria" para España, reconoció el pasado 31 de enero en Bruselas al primer ministro finlandés, ante un micrófono abierto, que la medida le costaría una huelga general.

Las dos grandes centrales sindicales, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), que convocaron la medida de fuerza, acusan a Rajoy de aprobar la reforma laboral "más regresiva de la democracia".

"Se instaura el despido libre y gratuito" y se "abre la puerta a bajadas masivas unilaterales de salarios", con el argumento de que se creará empleo, sostuvieron ambas centrales. "La huelga no es un fin en sí mismo, sino un medio para presionar al gobierno que después del 29 de marzo tendrá la oportunidad de abrir un diálogo, que es lo que queremos los sindicatos", aseguró el secretario de política internacional de UGT, Manuel Bonmati.

Los sindicatos exigen a Rajoy que abra una negociación para modificar los aspectos más controvertidos de la ley durante su tramitación en el Congreso, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero el gobierno dejó claro que no habrá cambios sustanciales.

"La actual reforma es la más dura porque retrocedemos 30 años. Es una reforma de carácter ideológico que lleva a cabo un gobierno con un componente muy duro de la derecha española, que aprovecha la crisis para mermar los derechos de los trabajadores", insistió Bonmati.