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Según AI, el informe analiza el estado procesal de 21 de los 47 casos repartidos entre los juzgados españoles y estudia la sentencia del Tribunal Supremo, del 27 de febrero de 2012, en el proceso contra el exjuez Baltasar Garzón, que lo absolvió del delito de prevaricación al haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.

Aunque el tribunal consideró la decisión de Garzón "errónea" pero no prevaricadora, el magistrado había sido inhabilitado como juez días antes, el 9 de febrero, en otra causa, por haber ordenado escuchas ilegales entre los acusados de una red de corrupción y sus abogados defensores.

AI afirma que el informe "muestra la forma en que se han venido denegando los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, abarca el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas celebradas en España tras la dictadura.

La causa fue abierta en Buenos Aires en virtud del principio de justicia universal, y muchas víctimas del franquismo se han ido sumando a la querella en Argentina después de que Garzón fuera suspendido en 2010 y luego inhabilitado en febrero de este año por las escuchas del caso Gürtel.

La delegación de Amnistía Internacional que entregará el informe en Buenos Aires estará integrada por el director de AI en España, Esteban Beltrán; la directora de la organización en la Argentina, Mariela Belski, y el consejero jurídico del Secretariado Internacional de AI con sede en Londres, Hugo Relva.