Con el índice de riesgo país en 530 puntos, el blindaje a los capitales privados era una exigencia por parte de los inversores internacionales, cuya desconfianza en la solvencia del sistema financiero español y la capacidad del país para afrontar sus compromisos de deuda está en niveles máximos.

El decreto, cuya aprobación estaba garantizada por la mayoría absoluta del gobernante y derechista Partido Popular (PP), recibió 178 votos a favor, 28 en contra, mientras 123 diputados de los 329 presentes se abstuvieron, anunció el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, tras la votación.

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó que la postura de su partido se debe a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, garantizó que "no habrá ni un euro público que se pierda en las ayudas a los bancos y porque la ley contemplará las necesidades de las familias hipotecadas con problemas, las pymes y los afectados por los productos preferentes".

Durante su intervención, De Guindos reconoció el "engaño" que supuso la colocación de "preferentes" entre miles de ahorristas, que denuncian ser víctimas de un "corralito" que asciende a unos 30 mil millones de euros, y aseguró que iba a haber una solución, aunque no anticipó cuál iba a ser.

Las principales críticas desde la Izquierda Plural fueron la ausencia de negociación en la reforma, y la inyección de dinero público en la banca, sin pedir responsabilidades a sus gestores, y a costa de recortes al gasto en servicios sociales como salud y educación.

El caso de Bankia acaparó el debate, ya que cuando el gobierno aprobó el decreto el 11 de mayo estimó que inyectaría en torno a 15 mil millones de euros en el conjunto del sistema financiero, equivalente a los recortes de salud y educación, pero tan solo la cuarta entidad del país pidió 19 mil millones de euros adicionales.

Por este motivo, los bloques opositores volvieron a reclamar una comisión de investigación para depurar responsabilidades en torno a Bankia, algo a lo que el PP se niega. En tanto, la reforma del sistema financiero obliga a la banca española a incrementar las provisiones para cubrir ya no sólo los activos tóxicos inmobiliarios sino los considerados sanos, quedando en el 45 por ciento el colchón para afrontar eventuales impagos.

Los bancos tienen un mes para presentar sus planes de saneamiento y cumplir con estos requisitos, y las que no puedan hacerlo podrán recibir ayuda pública a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

De Guindos subrayó que el plan no supondrá un gasto para los contribuyentes, aunque en el actual contexto de crisis y desconfianza España deberá acudir al mercado internacional para financiarse a un costo más alto y el gobierno tampoco no puede garantizar que los bancos reembolsarán todos estos préstamos.