El caso se inició en diciembre de 2005 cuando EM Ltd. (una sociedad de las Islas Cayman controlada por Kenneth Dart) y NML Capital Ltd. (otra sociedad de las Cayman administrada por Elliot International L.P.) embargaron 100 millones de dólares del BCRA. El 7 de abril de 2010, el juez Thomas Griesa hizo lugar al embargo de esos fondos, frente a lo cual el BCRA y la República Argentina apelaron.

Posteriormente, el 5 de julio de 2011, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York revocó la decisión de Griesa, sosteniendo que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de los Estados Unidos (FSIA, sus siglas en inglés) protege contra embargo o ejecución los fondos de un banco central o autoridad monetaria extranjera tenidos para su propia cuenta, sin importar si el banco o la autoridad es independiente de su gobierno.

Los fondos embargados habían sido girados por el BCRA para respaldar operaciones habituales de un banco central y, por lo tanto, estaban protegidos por la FSIA. Los fondos EM y NML apelaron la decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que, finalmente, la rechazó.