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Apenas conocida la solicitud formal, Rajoy anunció que "pronto, a lo largo de este año", su gobierno aprobará nuevas medidas económicas, "por más difíciles que sean" en un país en recesión y con la desocupación más alta de la zona euro. "Se corregirá lo que haya que corregir y se reformará lo que haya que reformar", aseguró Rajoy al clausurar la Asamblea general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Madrid. El mandatario, que ya aplicó un duro programa de recorte de gasto a instancias de Bruselas y el FMI, no especificó cuáles serán esas medidas, que podrían ser más ajuste y privatizaciones, después de haber rechazado días atrás una recomendación del fondo de subir el IVA o rebajar salarios de los empleados públicos.

El pasado 9 de junio, el Eurogrupo acordó otorgar a España hasta 100.000 millones de euros para sanear su banca a cambio de reformas limitadas al sistema bancario. Sin embargo, el gobierno deberá cumplir estrictamente con los objetivos de déficit, que están en riesgo debido al impacto que tendrá el rescate en el endeudamiento estatal y, sobre todo, a las perspectivas económicas negativas del país. A pesar de que se anunció un condicionamiento limitado al sistema financiero, el gobierno español ya recibió "recomendaciones" de la Troika -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y FMI-, que supervisarán el rescate, sobre reformas que tendrá que adoptar, como la aplicación de la suba del IVA.

La solicitud formal del préstamo de rescate fue comunicada por el Ministerio de Economía. En un comunicado, la cartera dijo que su titular, Luis de Guindos, oficializó la medida a través de una carta enviada al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Junker, en la que solicita "asistencia financiera" para las entidades del país "con necesidades de capital", sin especificar ningún monto.

El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, advirtió, por su parte, que las recomendaciones que hace Bruselas a los Estados miembros son "vinculantes" y constituyen "obligaciones" para todos, además de recordar que conllevan consecuencias "más duras" que antes. Los socios europeos forzaron a Rajoy -que se resistía a un rescate y apostaba por ayudas directas a la banca-, a solicitar fondos por los canales tradicionales y, por lo tanto, condicionando la ayuda, pero no evitaron frenar la escalada de tensión ni contener la crisis de la deuda soberana.

Dos semanas después, la falta de concreción de las condiciones del rescate, que fue presentado por el gobierno y por Bruselas como un ayuda limitada al sistema financiero sin condicionamientos macroeconómicos, y las dudas sobre el impacto de las ayudas en el déficit del país siguen alimentando las dudas de los inversores.

La incertidumbre volvió a materializarse en el riesgo país, que repuntó hasta los 518 puntos tras cerrar el viernes en 479, después de batir otro récord el lunes pasado cuando llegó a los 583 puntos, con un interés del 7,2 por ciento, el máximo histórico. Los inversores también castigaron a la bolsa de Madrid, cuyo principal indicador, el Ibex-35, registró una caída del 3,67 por ciento, la segunda mayor del año. Los títulos que más perdieron fueron los del sector bancario, que se vieron lastrados ante la esperada decisión de Moody´s, que se anunció ya bien entrada la noche en España.

Moody`s justificó su decisión diciendo que el Estado español ya no está en condiciones, por sí solo, de ayudar al sector. Una peor nota puede dificultar la adquisición de dinero fresco e incluso encarecerla. Asimismo, puede afectar la confianza de los socios comerciales en un banco y perjudicar de esta forma lucrativos negocios.

Según informes independientes, el sector bancario español necesita un capital máximo adicional de 62.000 millones de euros para recapitalizarse. El monto final de las ayudas será especificado una vez que concluyan las negociaciones con el Eurogrupo, en las que España busca minimizar el impacto del rescate en su deuda soberana. El Ejecutivo español confía en acordar que las condiciones de las ayudas sean a largo plazo, de más de 15 años, con un período de gracia de entre 5 y 10 años y a un tipo de interés del 3 o 4 por ciento.

En tanto, el rescate a España estará en el centro de debate de las reunión de los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembros de la Unión Europea (UE), que comenzará el jueves y que tiene como prioridad avanzar hacia una mayor integración bancaria y fiscal de la zona euro y aprobar un fondo de hasta 130.000 millones de euros destinado a impulsar el crecimiento.

Cada vez son más los líderes y referentes del mundo empresarial - el más reciente el inversor George Soros-, en defender una mayor integración europea y la creación de eurobonos, pero la canciller alemana, Angela Merkel, volvió a rechazar esa opción.

Tras las elecciones de Grecia, que dieron el poder al conservador Antonis Samaras, la UE se enfrenta a la reticencia cada vez mayor de los países rescatados a aplicar los planes de austeridad exigidos por la Troika a cambio de los préstamos recibidos.

Al igual que España, que quiere condiciones ventajosas para evitar recurrir a más ajuste para compensar el crecimiento del déficit, los gobiernos de Grecia y Portugal piden "suavizar" el rescate para no comprometer aún más el crecimiento de sus economías y, por lo tanto, su capacidad de "repago".