El pedido de investigación fue formulado por la Fiscalía Anticorrupción y el partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y aceptado por el juez de instrucción Fernando Andreu. La quiebra de Bankia "podría desestabilizar todo el sistema financiero del país", dice el texto en que el magistrado argumentó la imputación.

Rato renunció a la presidencia de Bankia el pasado 7 de mayo, antes que el Ejecutivo español anunciara la intervención para evitar su quiebra, debido a su elevada exposición a activos tóxicos derivados del sector inmobiliario. Los demás exfuncionarios que fueron imputados con él fueron el exministro del Interior del gobierno del derechista Partido Popular (PP), Angel Acebes, que también formó parte del Consejo de Administración de BFA (Banco Financiero y de Ahorro), matriz de Bankia, y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, entre otros.

Hace un mes, la Fiscalía Anticorrupción anunció que investigaba posibles delitos derivados del proceso de fusión y salida a Bolsa de Bankia y los fiscales habían dado indicios de delitos contables, estafa y falsedad ideológica (documental), administración desleal o delito societario y apropiación indebida. Pero días después, el pasado 11 de junio, el partido UPyD, liderado por Rosa Díez, presentó otra querella contra los miembros del Consejo de Administración del grupo Bankia también por delitos derivados del proceso de salida a Bolsa de Bankia.

La entidad se creó a principios de 2011 de la fusión de Caja Madrid y Bancaja, -dos cajas de ahorro de comunidades gobernadas por el PP- y de mayor tamaño con activos tóxicos del sector inmobiliario, y otras cinco entidades más pequeñas (Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja). De la unión de estas cajas surgió el grupo liderado por Rodrigo Rato, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que acumuló la mayor cantidad de productos tóxicos, y de él se creó Bankia, una entidad que teóricamente concentraba el negocio rentable y que salió a Bolsa a mitad del año pasado.