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Las versiones surgieron el miércoles con la difusión, iniciada en medios uruguayos, de una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) que señala “dudas” sobre la extensión del contrato con la empresa Riovía para el mantenimiento del dragado del canal Martín García y advierte sobre dilaciones en el proceso de licitación. En ese sentido, en el anuncio realizado hoy por la Cancillería uruguaya se aclaró que en estas negociaciones "se atendrá estrictamente al informe" del tribunal, pero se aclaró que en el documento se señala que "la extensión del contrato fue estrictamente ajustada a Derecho".

El documento de la cartera agrega que, según el TC, "el precio acordado para dicha extensión fue considerado como totalmente razonable". Luego, marca una diferencia al apuntar que "el cúmulo de indicios que apareja la consideración de estos hechos, sin embargo, no permite sacar conclusiones firmes y por tanto enervan la formulación de una eventual denuncia penal". En tanto, el gobierno uruguayo concluye que "desde el punto de vista jurídico no existe siquiera la apariencia de un delito, especialmente del que se hizo eco la prensa".

Uruguay aclaró también que el Tribunal de Cuentas de la República es un órgano de auditoría establecido constitucionalmente, conformado por siete miembros designados por la Asamblea General Legislativa y que "actúa con autonomía funcional".

Esa fue la repartición designada para investigar posibles irregularidades en el proceso, a la vez que Argentina derivó el tema a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que actuarían "dentro de sus respectivas competencias y jurisdicciones".

Por lo tanto, Uruguay cree que el informe del TC no impide continuar el proceso para llamar a licitación y proceder a aumentar la profundidad del Canal de navegación Martín García en aguas del río de la Plata que administran los dos países.