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En la denuncia, que recayó en el Juzgado Federal de Ariel Lijo, Rozanski entregó documentación consistente en correos electrónicos, algunos anuncian la llegada de una "verdadera justicia", y correspondencia recibida por los tres jueces y allegados, con recortes de diarios referidos a sus personas y a los procesos que tramitan.

"De ningún modo estas amenazas influirán en los juicios porque el espacio social que se ha generado en la Argentina para permitir que se lleven adelante estos procesos es irreversible", afirmó el magistrado.

El titular del Tribunal, que condenó a Etchecolatz "en el marco de un genocidio", defendió la continuidad de los juicios que "se realizan en todo el país, con muchos jueces, fiscales y querellas, con asistencia debida de defensores".

"La justicia actúa con un nivel de plenitud que solo puede actuar cuando la sociedad tiene un espacio adecuado y el Estado acompaña en ese mismo espacio, como ahora", remarcó.

Por su parte, Roberto Falcone ratificó las amenazas ante Télam y reconoció que no es un hecho inusual en su carrera de magistrado, que incluye la investigación de crímenes de la Triple A y de la CNU en Mar del Plata.

"Nada va a impedir que hagamos lo que tengamos que hacer a nivel jurisdiccional", remarcó Falcone, y agregó: "La etapa de investigación y juzgamiento y lo que dependa de nosotros no se va a detener ni un instante. Vamos a seguir hasta último momento y haremos todo lo que corresponde".

El juicio que investiga crímenes en el Circuito Camps comenzó en 2011 y en él se juzgan casos como La Noche de los Lápices, la apropiación de Clara Anahí Mariani, los secuestros y torturas a la familia Graiver por el traspaso de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

En este juicio también, y por primera vez, es juzgado por delitos de lesa humanidad un civil, Jaime Smart, exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, quien fue detenido por orden del tribunal a poco de iniciado el proceso oral y público.