Antes de la etapa de alegatos, que comenzó con el pedido de la fiscal, por el juicio habían pasado 31 declaraciones durante siete jornadas, con el intento de preservar la intimidad de la familia Soria. Su hija y yerno, por ejemplo, solicitaron el derecho a declarar sin medios presentes. Sólo Martín, el mayor de Soria e intendente de General Roca, permitió que su audiencia fuera presenciada.

La acusación sostiene que el 1 de enero pasado Freydoz mató a Soria de un disparo en la cara, por motivos que son resguardados en secreto por la familia. Tras el crimen, ocurrido a tres semanas de que Soria asumió el primer gobierno del justicialismo en Río Negro, la mujer quedó hospitalizada en el área de salud mental de un centro de salud de Cipolletti, motivo por el cual su defensa demanda la inimputabilidad, lo que le evitaría una condena que la lleve a prisión.