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Los jueces dispusieron la liberación inmediata de Ovando y desoyeron los argumentos del fiscal Federico Rodríguez, quien había pedido una pena de cinco años de prisión por el delito de abandono de persona agravado por el vínculo, aunque había admitido una serie de atenuantes debido a las condiciones de extrema pobreza en que vivían la acusada y su familia.

La causa judicial fue seguida por dirigentes políticos y de organismos de derechos humanos y contra la violencia de género, que exigían su absolución por considerar que se trataba de un caso de "criminalización de la pobreza". La mujer es analfabeta, vivía en condiciones de vulnerabilidad junto a sus 12 hijos y era golpeada por su marido.

Cuando se dirigió a los jueces, Ovando recordó los últimos momentos de vida de su hija Carolina, quien había sentido dolor en el estómago por lo que decidió llevarla a un hospital, situado a varios kilómetros de su vivienda. "Yo no tenía plata en ese momento, no tenía de dónde sacar, pero salí a la ruta para llevarla al hospital. No hubo tiempo para llevarla al hospital porque no paró ni un auto. Ella murió arriba de mis brazos", relató.

Luego, según dijo, enterró a la pequeña en esa zona porque en ese momento no supo qué actitud adoptar. "Me duele lo que pasó con Carolina", agregó, y consideró que hizo "lo que podía hacer, llevarla al hospital", pero "no me dio tiempo, no tenía plata, no tenía nada".

Tras la sentencia, Ovando dijo que no regresará a vivir a Colonia Delicia, donde residía hasta la muerte de su hija, porque teme ser perseguida por quienes la acusaron durante el juicio. Tanto al dirigirse por última vez al tribunal previo a la sentencia, como luego del fallo, la mujer expresó su deseo de reencontrarse con sus 11 hijos: "Eso es lo que espero porque hace rato no los he visto".