La Comisión por la Memoria, el CELS, el CIAJ, CEPOC y defensores públicos de la Provincia cuestionaron la reforma al considerar que "viola la Constitución Provincial y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos". Los organismos, solicitaron a su vez, que suspenda sus efectos hasta tanto se resuelva la discusión constitucional. La ley fue promovida por el gobernador Daniel Scioli y aprobada el 13 de diciembre pasado.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSBA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables porque eso implica atribuirse funciones judiciales", se denunció desde los organismos de derechos humanos.

El diputado por Nuevo Encuentro Marcelo Sain se sumó a las críticas. "La mal llamada Ley de Excarcelaciones es manifiestamente inconstitucional por donde se la mire: le quita facultades a los jueces otorgándoselas a la policía; presume que la sola portación de armas constituye un delito y viola el principio de inocencia", manifestó.

Sain sostuvo además que la norma "desconoce que la denegación de la excarcelación a personas sin condena solo debería concretarse cuando existan pruebas que acrediten el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación".