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El senador René Martínez, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), explicó a los periodistas que el Tribunal Constitucional debe aclarar de forma definitiva si Morales puede aspirar a otro mandato frente a la opinión contraria de los partidos de opositores.

Morales tuvo un primer mandato entre enero de 2006 y el mismo mes de 2010, cuando comenzó su segundo período hasta 2015. El mandatario siempre ha defendido que tiene derecho a buscar un nuevo período hasta 2020, pero la oposición le acusa de intentar forzar un tercer mandato inconstitucional.

La Constitución promulgada por Morales en 2009 permite solo dos mandatos consecutivos, pero desde el oficialismo sostienen que el primer mandato no cuenta porque no estaba vigente la actual Carta Magna, que refundó a Bolivia como Estado Plurinacional.

El senador Martínez dijo que la oposición "desesperadamente intenta vetar la participación del presidente y el vicepresidente". Sin embargo, la primera disposición transitoria de la Carta Magna promulgada en 2009 señala textualmente que "los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones".

Para el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) "leído el texto de la disposición transitoria no hay interpretación alguna posible". El opositor escribió en su cuenta de twitter que "Evo está en su segundo mandato de acuerdo a esa disposición" y "por tanto no puede optar a un nuevo mandato".

En la misma red social, el empresario y dirigente opositor Samuel Doria Medina calificó como un "mamarracho" el proyecto de ley para hacer la consulta al Constitucional. "Está clara la estrategia gubernamental: habilitar a Evo por vía del Tribunal Constitucional, eludiendo reforma constitucional y el referéndum", sostuvo Doria Medina, jefe de Unidad Nacional.

En las últimos meses el Tribunal Constitucional ha emitido cuatro fallos o resoluciones contrarias a normas aprobadas a instancias del partido de Morales en el Congreso, aunque parlamentarios opositores creen que los magistrados son afines al oficialismo.