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Así, Menem intenta torcer la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que el 8 de marzo pasado anuló su absolución, a la que se había llegado luego de tres años de juicio oral. "Corresponde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la resolución recurrida, la nulifique y, en consecuencia, resuelva la absolución libre del doctor Carlos Saúl Menem", consideró la defensa del expresidente.

El escándalo por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador saltó a luz en 1995, cuando se descubrió que el Gobierno de Menem había sellado decretos secretos que autorizaban la salida del país de miles de pertrechos bélicos.

Tras una triangulación, ese armamento terminó en escenarios de conflictos bélicos, pese a que Argentina era garante de paz, lo cual generó dos causas penales -por venta ilegal y contrabando- que tramitaron durante años en los tribunales.

La causa por la venta de armas se cerró en 2001 por disposición de la Corte Suprema de entonces, mientras que en 2011 un tribunal oral dijo que el contrabando no había existido porque se trató de una simple decisión gubernamental. Fue así que absolvió a los 18 acusados, encabezados por el senador por La Rioja.

Sin embargo, hace unos días, Casación revirtió algunas de esas absoluciones y resolvió condenar a Menem, a su exministro de Defensa Oscar Camilión, al exinterventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y al supuesto traficante de armas Diego Palleros.

Tras encontrarlos culpables, Casación ordenó que el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 -que realizó el juicio en primera instancia- dictara el castigo para los condenados por "contrabando agravado" y aplicara la pena: entre 4 a 12 años de prisión.

La defensa de Menem consideró "sorpresiva y arbitraria" la decisión de Casación y planteó que el fallo está repleto de "innumerable cantidad de errores jurídicos, falsos argumentos y violaciones a las más básicas garantías constitucionales". Entre sus argumentos ante la Corte, planteó que "una de las lesiones más severas y notorias se produce" es el "propio dictado, de manera directa, de una sentencia condenatoria, por parte del máximo Tribunal en materia penal de nuestro país".