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El comunicado fue publicado en Naiz.info, la web del diario vasco Gara, estaba fechado el 17 de marzo y escrito únicamente en vasco. En él el grupo armado descartó el desarme, otra de las exigencias de Madrid, que "no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA y la Comisión Internacional de Verificación", creada en septiembre de 2011 pero no reconocida por el Gobierno español.

El jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, reunido en París con su homólogo francés François Hollande, respondió al comunicado asegurando que "las mejores consecuencias positivas para todos los españoles vendrán cuando ETA anuncie definitivamente su disolución como organización terrorista".

Según la prensa española, varios representantes de la dirección fueron expulsados del país escandinavo en febrero tras varios meses de estancia en Oslo, donde se habrían reunido con observadores internacionales y representantes de la izquierda abertzale pero no con el Gobierno español, que no había acudido. Madrid no ha confirmado en ningún momento estos hechos de los que Rajoy se desentendió el pasado 13 de marzo.

"Si estas personas estaban en Noruega o no lo estaban, si dejaron de estar allí o de no estar es algo que nada tiene que ver con las decisiones del Gobierno que yo presido", dijo Rajoy, que insistió en que no negociará con ETA.

En tanto, el grupo armado vasco acusó a Madrid y París de utilizar de forma intencionadamente "malévola" la cuestión del desarme para "ocultar la total responsabilidad que tienen los estados en el bloqueo del proceso". Pese al rechazo a la negociación del Ejecutivo español, ETA asegura "que seguirá trabajando por construir una resolución definitiva (...) porque Euskal Herria (País Vasco y Navarra) merece y necesita la paz y la libertad".

ETA, considerada responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco, anunció el 20 octubre de 2011 que renunciaba definitivamente a la violencia. Desde entonces, el grupo se dijo dispuesto a negociar el desarme, pero pidió a cambio el acercamiento de alrededor de 700 presos.

Sin embargo, tanto España como Francia se niegan a negociar con ETA, incluida en la lista de organizaciones terroristas por la Unión Europea y los Estados Unidos, y reclaman su disolución sin condiciones mientras mantienen la presión policial sobre sus miembros.

La debilitación del grupo armado, con solo unas decenas de miembros en libertad y cambios constantes de jerarquía por la detención de sus dirigentes, ha coincidido con el fortalecimiento de la vía política de la izquierda independentista vasca que, bajo la coalición EH Bildu, se convirtió en la segunda fuerza del parlamento regional en octubre del 2012.

Esta formación, también representada en el Parlamento español desde finales de 2011, reclama gestos por parte del Gobierno hacia la banda como flexibilizar la política penitenciara hacia los detenidos de ETA.