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La operación de desalojo, que esta semana el gobierno había evaluado ordenar al Ejército, ocurrió días antes de las elecciones primarias de este domingo, en las que los liceos deben funcionar como locales de votación. Uno de los operavivos más violentos ocurrió en el liceo de niñas Carmela Carvajal, donde 16 estudiantes fueron apresadas delante de sus familiares, en vigilia ante el colegio.

Más de 130 estudiantes fueron detenidos, informó el Gobierno. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, entregó el balance del operativo policial ordenado anoche por el presidente Sebastián Piñera. Chadwick señaló que 21 de los liceos ocupados por los alumnos se encontraban en la Región Metropolitana, la más poblada del país, mientras que los siete restantes estaban distribuidos en otras cuatro regiones.

En 18 recintos de la Región Metropolitana los estudiantes abandonaron los colegios sin resistencia, mientras que en otros tres liceos los alumnos se opusieron el ingreso de Carabineros, aunque una vez los agentes entraron no se registraron enfrentamientos. Estas escuelas, en las que se produjeron 122 detenciones, son el Carmela Carvajal, y el Liceo 7 de Niñas y el Manuel de Salas.

Chadwick sostuvo que el desalojo se realizó "de forma prudente pero con la decisión" de recuperar los recintos para los comicios del domingo. Según el ministro, el Gobierno mantuvo durante varios días "un constante proceso de diálogo" con autoridades municipales y policiales para lograr "persuadir" a los alumnos para que abandonaran los colegios.

Carolina Tohá, alcaldesa de Santiago y opositora a Piñera criticó que "el gobierno se había comprometido a agotar el diálogo". Esta semana, la exmandataria socialista Michelle Bachelet, favorita para las primarias presidenciales en la oposición, pidió al gobierno "evitar un baño de sangre" y no usar a los militares en los desalojos.

Las palabras de Bachelet fueron calificadas de "inoportunas" por el gobierno y el presidente Piñera sostuvo que no se dejaría "subyugar por delincuentes".

La crisis estudiantil y social, que generó miles de protestas desde 2011 según cifras oficiales, atraviesa todo el debate electoral. En Chile, sólo un 36 por ciento de la educación escolar es provista por el Estado. Las universidades públicas cobran en tanto miles de dólares a las familias para que estudien sus hijos.