Miércoles, 14 de agosto de 2013 | Hoy
14:47 › TRAGEDIA DE ROSARIO
El abogado de Carlos García, único detenido en la causa por la explosión del edificio de Salta 2100, señaló que a partir de las declaraciones de los técnicos de la empresa Litoral Gas trascendió que "tres o cuatro días antes del hecho la empresa venía haciendo reparaciones en el edificio, lo que evidencia que ya existían anomalías" y que "la empresa tiene responsabilidad". "Mi defendido se encontró con esas anomalías, queremos aportar para el esclarecimiento", indicó.
"Antes del hecho hubo intervenciones de otros gasistas matriculados y de inspectores de Litoral Gas, evidentemente había anomalías y son con las que se encontró mi defendido", señaló el abogado Hugo Buffarini, tras conocer "algunos detalles que surgen de declaraciones hechas por los técnicos de Litoral Gas".
Además, el abogado, en diálogo con LT8-Rosario, Buffarini evaluó que en general "la causa aún no tiene elementos probatorios contundentes" y consideró que a García, quien está acusado por "estrago culposo", le "corresponde estar en libertad". Por eso, Buffarini adelantó que "apelará" ante la Cámara de Rosario el pedido de libertad rechazado en primera instancia.
Por su parte, el Juez Correccional 7° de Rosario, Juan Carlos Curto, encargado de la investigación por la explosión que provocó la muerte de 21 personas, descartó realizar "careos" entre algunos empleados de la empresa, porque entienden que en las declaraciones surgen "contradicciones" en lo vinculado a las inspecciones practicadas en el edificio de Salta 2100.
Curto también señaló que "aguarda el informe solicitado al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) vinculadas al control de las responsabilidades asumidas por el concesionario en la adjudicación del servicio de distribución".
El juez informó que "el regulador y la válvula que administra el ingreso de gas al edificio están siendo peritadas" y luego se continuará con "las cajas del sistema", a cargo de los peritos expertos de Gendarmería Nacional.
Sobre el allanamiento ordenado ayer en las oficinas de la empresa, ubicada en el cruce de las calles Mitre y San Lorenzo, el magistrado indicó "que fue secuestrado material informático en busca de datos sobre registros de reclamos y solicitud de inspecciones hechas por los clientes". En la misma tarde del hecho, la fiscal de la causa había realizado un primer allanamiento.
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