En su resolución, Ochoa precisó que el auto de procesamiento contra Menem es por haber participado como "instigador del delito de estrago doloso agravado por muerte de persona (art 186 inc. 5 del C. Penal y 45 ibidem)". El magistrado consideró que Menem "en su carácter de máxima autoridad del país y partícipe en los hechos, podría haber determinado a quienes con él pergeñaron el tráfico ilegal de armas para que eliminen todo tipo de rastros de esa operación delictiva tendiente a evitar que, en el futuro, se le pudiere endilgar intervención alguna en los mismos".

Ochoa llegó a la conclusión que la Fábrica Militar de Río Tercero "tuvo un rol protagónico en el tráfico ilegal de armas, municiones y pólvora en la Argentina, entre los años 1991 y 1995; ello conforme a la amplia prueba receptada en oportunidad de investigar la causa". También precisó que la prueba determina que el establecimiento "operó como centro de almacenamiento y distribución de pertrechos que salieron clandestinamente del país rumbo a Ecuador y Croacia".

"Las pruebas colectadas en esta causa -indicó el juez federal de Río Cuarto-, permiten claramente inferir, por existir un hilo conductor, que lo que ocurriera antes y, especialmente con la explosión, era producto de decisiones adoptadas desde el poder central, desde donde se impartieron las órdenes del acto criminal". En ese sentido, aclara que las decisiones eran tomadas por "los funcionarios que tenían bajo su órbita el manejo de la Fábrica Militar y de todos aquellos que pudieren resultar responsables por el contrabando de armas que a la fecha del estrago llevaba apenas unos meses de investigación".