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La explosión por un escape de gas se produjo el 6 de agosto último y causó la muerte de 22 personas y heridas a unas 60, además de la destrucción total del complejo de tres edificios, que en parte se derrumbó ese día y el resto debió ser demolido.

Según explicó la fiscal Graciela Argüelles en declaraciones a medios locales, la magistrada "hizo lugar al planteo manteniendo el estado de libertad que ya tienen" los imputados. La Fiscalía había solicitado llevar a juicio a todas las personas que fueron acusadas inicialmente por distintos grados de responsabilidad en torno a la pérdida de gas que originó el estallido en la planta baja del edificio.

"Es un avance en la causa porque es el paso procesal necesario para terminar la etapa investigativa", señaló Argüelles y subrayó que "hay distintas acciones u omisiones que concluyeron en el resultado fatal con muertes, lesiones y daños materiales". Aclaró además que se trata de una "resolución provisoria", ya que tanto los abogados defensores como los querellantes pueden apelar la decisión.

El gasista Carlos Osvaldo García y su asistente Pablo Miño fueron los únicos detenidos el día de la tragedia, cuando llegaron para reparar el regulador de gas del edificio y una pérdida masiva. Ambos quedaron en libertad poco después de que se pusiera en marcha la investigación judicial.

Además, el gasista José Luis Allala fue procesado debido a la reparación que hizo el 25 de julio en el edificio de Salta 2141. Por esta intervención también son investigados Gerardo Bolaños, Luis Curaba y Guillermo Oller, tres inspectores de la empresa distribuidora Litoral Gas.

La medida también abarca al jefe de mantenimiento de redes Claudio Tonucci y la gerente técnica de la firma, Viviana Leegstra. Además de a la prestadora local y los gasistas que trabajaron en el lugar, la Justicia rosarina también procesó a Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, quienes participaban como administradores del consorcio del edificio.