Jueves, 27 de febrero de 2014 | Hoy
21:32 › HABRá UNA NUEVA AUDIENCIA
El desalojo del predio tomado desde el martes estaba previsto para esta mañana, pero ante la negativa de varias familias de abandonarlo voluntariamente, el juez Gabriel Vega citó a los delegados vecinales a un nuevo encuentro esta noche. En tanto, finalizó el censo para establecer cuántas familias serán beneficiadas por la urbanización de la Villa 20 y los subsidios para alquileres, prometidos ayer. En medio de los intentos de negociación, el gobierno porteño dijo que "no dialogará con usurpadores".
Pese a las conversaciones de ayer y la promesa de los delegados de abandonar la toma, muchos vecinos permanecían en sus pequeñas carpas y otros realizaban una reunión en el centro del predio. El fiscal de la causa, Carlos Rolero, había anunciado que el desalojo se concretaría a las 7 "en forma voluntaria", y por la fuerza si se tardaba más. Pero poco más tarde, Manuel, un delegado de los ocupantes, afirmó que mientras "no se nos entregue un documento con el aval del juez y las firmas de las autoridades porteñas, de acá no nos vamos, porque ya nos pasó lo mismo en el Indoamericano".
El vecino reclamó "una garantía por escrito", porque "sólo tenemos una fotocopia de lo acordado" y "no sabemos si ellos ya lo tiraron". El juez Vega exhortó esta mañana a los vecinos a desalojar los terrenos, tras garantizar la firma de certificados con la promesa oficial de construir viviendas y pagar subsidios de alquiler transitorios, como habían exigido las familias para levantar la medida.
Manuel, quien participó del encuentro de ayer con el juez, dijo que después de hablar durante la madrugada con los vecinos "la gente no aceptó la propuesta" de desalojar el lugar. La disidencia se debe a que muchas familias "no tienen a dónde ir y porque algunos tienen papeles firmados de otras tomas en las que los acuerdos no se respetaron, nos faltan las tierras", explicó.
Esta mañana, Vega dijo que la ocupación continuó debido a que hubo "un problema de representación" de los delegados en la toma, y sostuvo que había "un grupo que no quiere entrar en razones" para abandonar el predio. Ante esa situación, el fiscal de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Unrein, dijo que iba a volver a solicitar al magistrado el desalojo compulsivo.
Desde la mañana hasta el mediodía duró el censo que registró uno por uno a los ocupantes del predio destinado a la Policía Federal para el traslado de vehículos secuestrados. El juez dejó claro que quienes no se inscribieron en ese relevamiento "quedarán afuera" de los acuerdos de ayer.
En tanto, la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, ratificó que la Ciudad jamás "prometió" construir viviendas en el predio de Villa Lugano que este mediodía continuaba ocupado por varias familias, y señaló que el macrismo cumplió con la orden judicial de presentar un plan de "descontaminación del suelo y urbanización".
Enfatizó, además, que "la posición del Gobierno es clara: podemos entender la necesidad, pero no hay posibilidad de que nosotros negociemos con gente que está usurpando y está cometiendo un delito".
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