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El acuerdo había sido firmado en febrero último, y anunciado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal. La transferencia incluye al personal de todas las dependencias a quienes se les garantizará la plena preservación de sus derechos laborales.

La iniciativa fue defendida por la senadora kirchnerista por Jujuy, Liliana Fellner, quien recordó que esos excentros clandestinos forman parte de "la historia que más nos indigna que es la de las violaciones a los derechos humanos". "Este convenio habría que compatibilizarlo con lo judicial y lo patrimonial, porque los juicios de lesa humanidad aún no terminaron y lo que está en la ESMA puede estar sujeto a prueba", ratificó.

A su turno, la representante del PRO, Gabriela Michetti, negó que la ciudad "se desentienda" de esos excentros de detención, pero destacó que "no hay una sola gestión que se pueda avanzar en ese lugar porque los organismos de derechos humanos están todos enfrentados entre sí". Por ello, argumentó que se está "tratando de que todos los actores que tienen que ver con este tema puedan reunirse en una propuesta común" y ratificó que "ese lugar sigue siendo parte de la Ciudad de Buenos Aires".

La cordobesa de FAP, Norma Morandini, destacó, en cambio, que el acuerdo se estaba aprobando "vulnerando leyes previas" y que "esto no es simplemente un acto administrativo" ya que se viene a "consagrar una apropiación de temas caros a la democracia".

Durante la sesión también se dio ingreso formal a los pliegos para los ascensos de jueces, fiscales y defensores oficiales enviados al Parlamento hace 15 días, aunque se acordó revisar ocho pliegos que fueron cuestionados por la oposición por incumplir algunos requisitos. En representación del radicalismo, el senador Gerardo Morales pidió la ampliación de antecedentes de al menos ocho de los 45 postulantes a conjueces, algunos de los cuales no cumplen con los 30 años de edad y los seis de ejercicio en la profesión, antes de su aprobación en el Senado.

El presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV), explicó que se pidió esa información al Ministerio de Justicia y aseguró que estos datos estarán en los próximos días a disposición de la comisión para reparar "eventuales errores" en las candidaturas.