La ley fue aprobada con 36 votos a favor y la oposición del interbloque kirchnerista y la izquierda. La diputada Claudia Neira fundamentó el rechazo del Frente para la Victoria en que “no podemos avalar un proyecto donde el privado sea el vertebrador del espacio público". "Acá no se trata de discutir si está bien o no poner un bar, acá debatimos la concepción de espacio público que pretende motorizar el Gobierno de la Ciudad, que pone al Estado al servicio de los concesionarios privados", puntualizó.

La norma establece que se podrá otorgar permisos a privados para la venta de “emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen y que provengan de fábricas autorizadas, bebidas sin alcohol envasadas e infusiones de café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados”. Asimismo, impide la comercialización de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y prohíbe que se construyan instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de leña o carbón. Por último, condiciona la continuidad del permiso de concesión a que se adicionen servicios como “sanitarios accesibles de uso público, estacionamiento de bicicletas, conexión a internet gratuita y biblioteca”.

La sesión de la Legislatura registró momentos de tensión que tuvieron su punto máximo cuando se iba a votar el proyecto, ya que los vecinos que cuestionaban la iniciativa manifestaron su protesta con gritos y carteles. Una vez efectuada la votación, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, levantó la sesión, y los vecinos fueron agredidos por un grupo de personas que rompieron las pancartas y los empujaron fuera del recinto.

Juliana Giménez, vecina de Parque Centenario y miembro de la Red, señaló que la ley “es anticonstitucional porque la Carta Magna de la Ciudad dice que los espacios verdes deben incrementarse, no disminuirse”.