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Según los fiscales, todos integraron una “asociación ilícita” que tenía por objetivo desviar la investigación por la voladura de la mutual judía, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte a 85 personas y heridas a unas 300, hacia un grupo de policías bonaerenses, entre ellos el hoy abogado y excomisario Juan José Ribelli.

La decisión ahora tendrá que tomarla el juez Lijo, quien ya decidió mandar a juicio oral a los que consideró los principales responsables de las irregularidades ocurridas en la causa principal: el expresidente Carlos Menem, el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy, el extitular de la DAIA Rubén Beraja y el exjuez Galeano, entre otros.

También están acusados los fiscales que actuaron en el caso (Eamon Mullen y José Barbaccia), dos excomisarios de la Policía Federal --Jorge "Fino" Palacios y Carlos Castañeda--, funcionarios de la SIDE y el exarmador de autos truchos Carlos Telleldín, quien también tendrá que enfrentar un segundo juicio por el atentado a la AMIA.

Galeano interpuso un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que definirá, de alguna manera, si el juicio oral contra él y el resto se lleva adelante.

Sin embargo, Lijo avanzó con la investigación del resto de los sospechosos de haber incurrido en una serie de delitos en el marco de la causa principal y por eso llamó a indagatoria por encubrimiento al actual presidente de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Federico Domínguez.

A Domínguez lo acusan de "haber ofrecido beneficios y ejercido presiones" sobre expolicías que estaban implicados en los inicios de la investigación del ataque para que acusaran a Ribelli. El excomisario fue absuelto en el juicio oral cuando se demostró que la llamada "Causa Brigadas" había sido un desvío intencional, sellado con un pago por parte de la SIDE de 400 mil dólares a Telleldín, quien era el único detenido, tras ofrecer una declaración falsa.