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El funcionario destacó que el "observatorio de precios incluye a las asociaciones de consumidores, a empresarios y organismos locales, para que todos juntos observen lo que la Secretaría de Comercio ya venía haciendo". En cuanto a la reforma de ley de abastecimiento aclaró que "derogamos algunos artículos, como la pena de prisión”. "El objetivo del proyecto -agregó- es aumentar derechos para los consumidores, que puedan reclamar, pero nos patean la pelota fuera de la cancha hablando de desabastecimiento".

En declaraciones a Radio del Plata, el funcionario señaló que la implementación de la nueva justicia del consumidor será "inmediata" y que "hasta tanto no se creen los juzgados del consumidor la justicia actual es la que intervendrá".

De acuerdo con el cronograma de trabajo acordado en Labor parlamentaria, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Comercio, Justicia, Defensa del Consumidor y Presupuesto, se reunirá mañana a las 12 en el anexo C de la Cámara baja y allí escuchará al secretario de Justicia, Julián Álvarez, su par de Comercio, Augusto Costa, y a los representantes de la Sociedad Rural, de CAME, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de Coninagro, la Federación Agraria y la Unión Industrial Argentina, entre otras entidades patronales.

Si bien la reunión puede prolongarse hasta las primeras horas de la noche, la dinámica de la reunión la marcará el kirchnerismo, dado que tiene la presidencia de cuatro de las cinco comisiones y mayoría de integrantes en todas ellas, lo que le da la seguridad de poder firmar un dictamen de mayoría.

La discusión en torno de la reforma de la ley de abastecimiento es la que mayores obstáculos enfrenta por la férrea oposición del sector empresario. No obstante, fuentes del bloque kirchnerista estiman que en el recinto contarían con el voto positivo de 135 legisladores.

La reforma que se pretende introducir a la ley de abastecimiento establece un marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo, sustentado en la constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor. Además, autoriza al gobierno a "intervenir" para poder fijar "márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”, con el fin de evitar que se produzcan aumentos desmedidos o haya abuso de posición dominante.

Esta cláusula no comprenderá a las pequeñas y medianas empresas que no tengan un rol central en el mercado en su rubro de actividad. El texto sostiene que "quedan exceptuados del régimen los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas, siempre que no detenten posición dominante". Además el proyecto elimina la posibilidad de encarcelar a los infractores pero aumenta las multas que podrían llegar a los 10 millones de pesos.

En cuanto a los allanamientos que se permiten en la ley a las empresas que infrinjan las normas, queda claro que éstos solo se podrán hacer si existe un aval judicial en tal sentido. La misma medida se deberá adoptar para una clausura temporal de hasta 90 días o inhabilitación especial.

Con menos reparos opositores que el anterior, aparece el proyecto de creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, iniciativa que sería acompañada por algunas bancadas de centroizquierda. El observatorio se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina. El nuevo ente podrá requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; e informes a organismos públicos o privados.

Por último, el proyecto que dispone la creación de un nuevo fuero específico para proteger a los consumidores recibiría el apoyo de casi todas las bancadas, ya que coinciden en la necesidad de darle al tema un tratamiento diferenciado en la justicia.