La suspensión se produce de forma automática, como está establecido cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa. La interposición del recurso fue anunciada por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Estamos a tiempo de poder enderezar el rumbo" a través del diálogo dentro de la ley, declaró el jefe del Ejecutivo español por la mañana, quien aseguró que su postura ante la iniciativa siempre había sido "abierta, clara y firme" y ha estado "dispuesto a negociar".

Rajoy manifestó también que si Artur Mas "atendía" lo que dijera el Tribunal Constitucional, se podría "hablar de otras cosas", como la posibilidad de reformar la Constitución española. "Hoy cumplimos con nuestra obligación de interponer un recurso contra una decisión que atenta gravemente contra los derechos de los españoles", había afirmado Rajoy antes de señalar que la consulta era "contraria a nuestra Constitución" porque "la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto y una parte no puede tomar decisiones que afectan a todos".

El presidente del Gobierno catalán, por su parte, tachó de "hostil" la actitud del Gobierno español al recurrir la convocatoria de la consulta soberanista y la ley en que se amparaba y criticó que el presidente del Tribunal Constitucional reuniera el organismo a una "velocidad supersónica" para frenarlas. Según Mas, en un Estado de "convicción democrática plena" en estos momentos ya se estaría debatiendo si hay que votar "sí" o "no" en la consulta, y afirmó que no se trata de un "referéndum encubierto", como sostiene el Gobierno, al que acusó de "no preguntar ni dejar preguntar".

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales debe decidir si prolonga la suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, la levanta. Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva el recurso, es decir, la legalidad de la convocatoria.