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Las partes habían acordado el último 7 de marzo la limpieza y descontaminación de minas antipersona y artefactos explosivos y en la ronda 34 de diálogos que se clausuró hoy, discutieron los detalles del plan que supone un avance sustancial hacia el fin del conflicto.

Se estima que más de la mitad de los municipios de Colombia tiene campos con minas, artefactos que han causado más de 11 mil víctimas entre muertos y heridos en el país desde 1990, el segundo del mundo más afectado por este problema, sólo después de Afganistán.

Los trabajos de limpieza de tierras se realizarán de manera conjunta entre la Fuerza Pública y la guerrilla, con la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega (APN), según el acuerdo adoptado por las partes.

Por otro lado, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, sostuvo que "la realidad del acuerdo está caminando y a la vuelta de la esquina", en referencia a las primeras negociaciones sobre la justicia transicional. En ese campo se deberá alcanzar equilibrar las exigencias para ambas partes implicadas en las negociaciones para un correcto paso del conflicto armado a la paz.

De la Calle señaló que por el desarrollo y colocación del conflicto, "no pueden terminar guerrilleros en el Congreso y en la política y militares en la cárcel" y, en este sentido, resaltó que así como hay reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, "el gobierno también debe garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las fuerzas militares y de policías".

La posición más dura de las FARC es rechazar la propuesta de justicia transicional y defender que sus actos de guerra deben ser considerados delitos políticos, amparados en el derecho de rebelión. "A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos", precisó el jefe negociador de las FARC quien aboga por una amnistía general para la guerrilla.

"Preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia", señaló hoy el "número dos" de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Márquez se refirió a la responsabilidad principal del Estado en el conflicto y propuso a la mesa de negociación ocuparse "por su obviedad" a abordar esa cuestión. "El informe entregado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas a la mesa, apunta a que el Estado es el gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto social y armado en Colombia", destacó.