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La causa fue presentada por la organización social La Alameda contra Stiuso y los exagentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, entre otros. La denuncia también recae sobre empresarios presuntamente vinculados a ellos, entre los que figura Carlos Molinari, ya procesado por otra causa de lavado de dinero, en la que está involucrado el detenido Leonardo Fariña, a quien Molinari le habría pagado la fiesta de casamiento con la modelo Karina Jelinek.

La Alameda, que dirige el legislador porteño Gustavo Vera, denunció en principio un entramado de 52 empresas que integrarían un grupo económico manejado por exagentes de inteligencia y pidió que se investigue el patrimonio de Stiuso, cuyo salario formal rondaría los 15 mil pesos.

Una de las empresas denunciadas es "American Tape S.R.L", creada en 1995 y dedicada formalmente a la producción, importación y distribución de elementos de audios y videos. La empresa tiene su sede en la avenida Jujuy al 200 de esta capital, donde Stiuso recibía las facturas de mas de doscientos teléfonos celulares a su nombre cuando comandaba operativamente la SI.

Sin embargo, al desclasificar los legajos de los exagentes, el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, negó que se tratara de empresas creadas como parte de la tarea de la Secretaría de Inteligencia y envió los reportes a la fiscalía. Otros de los negocios de los exespías serían empresas agropecuarias y también la explotación de la prostitución.

En su imputación, el fiscal González pidió a Casanello unas treinta medidas de prueba tendientes a desentrañan lo que consideró un "complejo entramado" financiero que incluiría lavado de dinero.

Entre las medidas requeridas figuran pedir informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ), donde la empresas deben registrarse.