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La Corte rechazó en febrero último un recurso presentado por el Centro de ExCombatientes (CECIM) de La Plata pidiendo que se investiguen más de 70 denuncias de torturas aplicadas por oficiales argentinos a conscriptos durante el conflicto de Malvinas.

Los demandantes consideraron que se trató de crímenes imprescriptibles de lesa humanidad pero la Cámara Federal de Casación Penal le negó esa calificación, por lo que el expediente –conocido como “causa Taranto”- llegó a la Corte por la vía de un recurso y un pedido de prescripción, por haber pasado más de treinta años.

“El Tribunal cerró la vía a cualquier investigación judicial, dado el tiempo que pasó desde que ocurrieron. Justicia Legitima lamenta esa decisión”, sostuvo la asociación civil que preside la camarista de casación criminal Laura Garrigós de Rébori.

“Otro aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas nos encuentra sin que se hayan restañado las heridas provocadas. Evocamos tanto las muertes que nos dejó la guerra, las de quienes no pudieron sobreponerse a tanto horror, como el sufrimiento de quienes padecieron vejámenes inflingidos por sus superiores y no han obtenido aún respuesta del sistema judicial”, sostuvo la entidad.

“Al decir que no puede ser tratada por la Corte porque no es sentencia definitiva, la decisión que descarta que estos hechos sean delitos de lesa humanidad, cierra la investigación”, añade.

Sin embargo, Justicia Legitima dio a entender que el tema no está cerrado ya que “esta deuda con los ex combatientes genera responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional y ante esos tribunales el Estado Nacional deberá invocar los motivos que el fallo no nos dio”, en alusión al sistema interamericano.